La Diócesis de Sincelejo, representada por el agente de Pastoral Social Jorge García, acompañó la firma protocolaria del acta de la Armada Nacional en la que declara al municipio de Morroa como zona libre de sospecha de contaminación de mina antipersonal.

El capitán de la Infantería de Marina, Jorge Mario Melo Jiménez, comandante de la Compañía de Desminado Humanitario de la Armada Nacional, afirmó que fue un trabajo arduo en el que se priorizaron sectores como Pichilín y Aguacate.

Aseguró que la comunidad beneficiada fue 250 personas y que después de un barrido no encontraron minas antipersonales en el municipio.

Indicó que este trabajo comenzó en enero del 2016 y culminó en noviembre del 2017, se efectuaron visitas a los corregimiento y veredas para escuchar a los pobladores sobre la sospecha de existencia de estos artefactos y promover el comportamiento seguro en la comunidad.

“Fueron dos años de trabajo en el cual se investigaron uno a uno los eventos y se hicieron reuniones de enlace comunitario”, dijo.

Mónica Jiménez, coordinadora en Sucre del programa de Derechos Humanos, recalcó la lucha incansable que ha tenido la Gobernación para que actos como estos se conviertan en realidad.

“Este es el paso para cerrarle el cerco a toda la vulneración de tu derechos para nuestra población. No es fácil desarrollar un territorio cuando existen nervios y temor de que este tipo de artefactos pueda estar en una zona que tuvo presencia de grupos al margen de la ley”, expresó.

Carlos Solano, alcalde de Morroa, manifestó que recibió con mucho agrado la noticia de que su municipio fue el primero en el departamento de Sucre en ser declarado zona libre de mina antipersonal.

“Gracias a la Armada Nacional y a la Presidencia de la República por tener en cuenta a Morroa, que fue atropellado por la violencia con atentados terroristas y una masacre. Nuestros campesinos tenían temor de retornar a estos predios”, dijo.

Solano recordó que para los campesinos se están ejecutando proyectos productivos con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras en los que se les ha entregado tractores y cultivado de ñame en 54 hectáreas de tierra.