Fotos: Casa de las Hermanas de la Madre Laura. Majagual (Sucre).

Sincelejo, 28 de enero de 2021

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Diócesis de Sincelejo, ente con personería jurídica pública, con sede administrativa en la calle 27 #11-59, barrio Rita de Arrázola, de la ciudad de Sincelejo, invocando sus derechos constitucionales y legales, y apelando a la función pública de las autoridades legítimamente constituidas, encargadas de proteger la vida, honra, bienes y creencias de los ciudadanos, reclama la tutela de sus derechos, y denuncia y rechaza las actuaciones de algunas personas que, sin acreditarse en forma alguna y sin mostrar mandato legal alguno, alegando actuar por órdenes de la Alcaldía del Municipio de Majagual y procediendo por sí y ante sí, en una evidente vía de hecho, han perturbado la posesión que la Diócesis, como persona jurídica, ejerce desde hace más de cuarenta (40) años de manera pública, pacífica e ininterrumpida sobre el bien inmueble conocido como la Casa de las Hermanas Misioneras de la Madre Laura, ubicado en la calle 5 #19-08 del barrio San José, del municipio de Majagual, identificado con el código catastral Nº 704290010000000024000900000, con matrícula inmobiliaria 340-138417.

En las instalaciones de la Casa de las Hermanas Misioneras de la Madre Laura, en ejercicio de nuestro ánimo de señor y dueño, hemos efectuado el arrendamiento del inmueble para la prestación de diversos servicios a la comunidad, a través de las siguientes instituciones que allí han funcionado:

  1. Corporación Universitaria del Caribe-CECAR.
  2. Institución Educativa Liceo Vicente Caviedes, con NIT 892200957-8, para la prestación del servicio de educación, modalidad del servicio semiescolarizado, entre los años 2003 y 2011.
  3. Corporación Autónoma Tecno Empresarial, con NIT 823003678-2, para la prestación del servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, los fines de semana, entre los años 2009 y 2014.
  4. Fundación Liceo Vicente H. Caviedes, con NIT 900452202-5, para la prestación del servicio de asistencia alimentaria a la primera infancia, como contratista del ICBF, entre los años 2009 y 2014.

Nuestra institución, haciendo uso de los mecanismos legales desde el mes de octubre de 2020, de conformidad con la Ley 2044 de 2020, cuyo objeto es sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos y ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión sea mayor de diez (10) años y cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, ha solicitado la adjudicación del inmueble llamado Casa de las Hermanas Misioneras de la Madre Laura, dado que cumplimos la totalidad de los requisitos legales para ello, como

lo es el ejercicio de una posesión pacífica, pública e ininterrumpida por más de cuarenta (40) años, sin que hasta la fecha la Alcaldía del Municipio de Majagual nos haya emitido una respuesta de fondo, manifestando con ello el desconocimiento de las vías legales a las que de buena fe nos hemos acogido.

Confiamos en la justicia y sabemos que las administraciones públicas se expresan a través de actos administrativos. Por eso expresamos nuestro asombro al observar cómo el actual alcalde del Municipio de Majagual nos ha enviado mensajes dándonos a conocer su voluntad de despojarnos de la posesión que ejercemos sobre el inmueble, sin argumentación legal alguna que lo respalde para desconocer nuestros derechos de posesión.

El 27 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 14:00 horas, se hizo presente en el inmueble que poseemos, el señor JOSÉ LUIS VILLADIEGO, presunto inspector de obra, quien manifestó ser enviado por el señor alcalde, sin contar con la orden judicial y/o administrativa. De manera arbitraria, en compañía de uniformados de la Policía Nacional y en un flagrante abuso de autoridad, retiró y se apropió de un pendón de nuestra propiedad que estaba colocado en el inmueble.

Con extrañeza, observamos cómo a través de actos violentos, que carecen de la legalidad y sustento jurídico, y que deslegitiman el ejercicio de la autoridad pública, se nos están conculcando nuestros derechos. Por ello hacemos un llamado a los entes de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional de Sucre, para que no solo nos proteja ante esta vulneración, sino que evite que estas actitudes se multipliquen, afectando a la entera población del municipio de Majagual, ya que, en su gran mayoría, al igual que nosotros, son sujetos de derechos de posesión de sus viviendas y muchos aún carecen de titulación a su favor.

Cordialmente,

+JOSÉ CLAVIJO MÉNDEZ
Obispo y representante legal de la Diócesis de Sincelejo